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    [author] => Rodríguez Castillo, Luis / Hernández Loeza, Sergio Enrique / Ventura Patiño, María del Carmen
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    [topic] => Sociología
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    [description] => Los colaboradores de este libro analizan las maneras en las que se articulan los esfuerzos por impulsar los principios e instituciones de un régimen democrático formal, los valores y prácticas de la ciudadanía y las culturas políticas locales. La hipótesis compartida por los autores es que la efervescencia de nuevas demandas de derechos ciudadanos, de construcción de nuevos espacios de participación política, de mayor autonomía local, entre otros, tiene que ver con el fin de un ciclo del régimen político mexicano y su redefinición.
La presente obra fue seleccionada para ser reseñada en el Handbook of Latin American Studies, vol. 73, 2017, coordinado por la Biblioteca del Congreso Estadounidense (Library of Congress), como una de las mejores producciones académicas recientemente editadas en el campo de la política mexicana.
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La presente obra fue seleccionada para ser reseñada en el Handbook of Latin American Studies, vol. 73, 2017, coordinado por la Biblioteca del Congreso Estadounidense (Library of Congress), como una de las mejores producciones académicas recientemente editadas en el campo de la política mexicana.
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Rodríguez Castillo, Luis
Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio Mexiquense A. C. Investigador Titular "A", adscrito al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR-UNAM). Miembro del SN1, nivel I. Sus líneas de investigación, docencia y publicaciones versan sobre el análisis de las políticas públicas, la gestión local, la teoría antropológica, la antropología política y el proceso de la formación cotidiana del Estado. "Acción pública y desarrollo local con inclusión social en municipalidades de Chiapas, México y La Montañona, El Salvador (2017-2020)" es su actual investigación principal.
Hernández Loeza, Sergio Enrique
Doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Coordinador de la Maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa de la Universidad Campesina Indígena en Red (UCTRED), y colaborador del Centro de Estudios Superiores Indígenas Kgoyom (CESIX). Integrante de la Red Internacional de Investigadores Asociados al Programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Editor ejecutivo de la revista nuestrAmérica. Líneas de investigación: educación superior intercultural, derechos indígenas y etnoterritorialidad totonaca.
Ventura Patiño, María del Carmen

    [toc] => Siglas y acrónimos 
Prefacio
Carmen Ventura, Luis Rodríguez y Sergio E. Hernández 
Introducción general
Carmen Ventura, Luis Rodríguez y Sergio E. Hernández
Democracia, ciudadanía y cultura política en el México de hoy; Sobre el contenido del libro.
PRIMERA PARTE
DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA EN EL CONTEXTO NEOLIBERAL
SEGUNDA PARTE
CULTURA POLÍTICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
TERCERA PARTE
ESTADO Y PUEBLOS INDÍGENAS
CUARTA PARTE
MUJERES, MIGRACIÓN Y POLÍTICA
Bibliografía general	
Entrevistas
    [free_reading] => El rostro desollado del alumno de la normal de Ayotzinapa, encontrado el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, es un acto que, más allá del hecho de quitar la vida, significa continuar con la crueldad y la violencia después de la muerte. Es un mensaje claro de deshumanización, de expresión de dominio sobre la vida y la muerte. Este hecho bestial muestra metafóricamente el rostro de esta nueva fase del capitalismo. Un sistema depredador de recursos naturales, donde todo es mercancía y cuya única racionalidad es la ganancia, que exhibe su enorme capacidad de reinventarse, de engullir las manifestaciones contestatarias y regurgitarlas sin radicalidad, para encauzarlas y sujetarlas por las vías institucionales de participación, y de recurrir a los dispositivos de represión en caso de considerarlo justificado. Esta nueva cara se acompaña de fuerzas ilegales que imponen sus intereses, controlan territorios y la circulación de bienes y personas. Como bien señala Raúl Zibechi, el crimen organizado forma parte de la elite económica, que está aliada con las fuerzas militares-estatales, pues comparten un mismo interés: la obtención de ganancias como uno de los factores -no el único- que potencian la reproducción del capital.
Hace cerca de cinco años que escribimos la introducción a esta obra. Es un lapso relativamente corto para evaluar procesos políticos; sin embargo, han ocurrido acontecimientos de gran trascendencia en la vida política nacional. En el 2000, con el arribo del PAN a la Presidencia de la República, los estudiosos de la democracia afirmaban que vivíamos una transición democrática, una anhelada alternancia partidaria, el fin de la "dictadura perfecta", y que iniciábamos una era de mayor apertura. Pocos años después se han tenido que matizar estas aseveraciones. Los resultados electorales de 2012 han obligado a repensar cuáles son los procesos democráticos por los que atraviesa México. Un primer interrogante fue si el regreso del PRI a la Presidencia representaba la continuidad de un régimen político anquilosado o un PRI renovado que había aprendido la lección y que, por tanto, no reproduciría sus viejas prácticas. Muy pronto las dudas quedaron despejadas. La efectiva negociación política con las distintas fuerzas partidarias permitió la aprobación de una serie de reformas estructurales que abrieron las puertas al capital trasnacional sobre recursos naturales estratégicos, como el petróleo y los minerales. En la dimensión política se ha mostrado una vez más la incapacidad del aparato político para: i) reconocer a interlocutores que cuestionan las políticas económicas; 2) resolver las demandas sociales de distintos grupos cuyas reivindicaciones exigen el acceso a derechos básicos como: trabajo, vivienda, salud, educación, etc., pero también para 3) establecer mecanismos de resolución de conflictos que no supongan el ejercicio de la fuerza física y simbólica; y 4) realizar acciones contundentes en contra del narcotráfico. A lo anterior se suma la corrupción, el autoritarismo y la arrogancia mostrados por cuatro gobernadores -Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo) y Rodrigo Medina (Nuevo León) - del llamado "nuevo PR!", que hasta hace no mucho eran presentados como el rostro joven del partido y sobre los cuales el mismo PRI ha tenido que iniciar procesos de expulsión.
Los acontecimientos de Ayotzinapa pusieron al descubierto no solo la continuidad de una política represora, la ineficacia de las instituciones para esclarecer los hechos y procesar a los responsables, sino además la compleja red de relaciones entre la clase política y los miembros del crimen organizado. En el ámbito nacional, frente a la presuposición de que los vínculos política-narcotráfico se tejen en las "altas esferas", el caso reveló que dicha red se entrelaza desde el nivel municipal del gobierno, lo cual ha tenido como consecuencia prácticas desde el Estado que resultan regresivas a la autonomía municipal y un mayor desencanto con la política desde la ciudadanía. A nivel internacional estos hechos pusieron en entredicho los avances democráticos, debilitaron la imagen de estabilidad política y colocaron en cierto riesgo negociaciones de inversión. Los esfuerzos gubernamentales para tratar de resarcir su imagen ante los cuestionamientos en materia de derechos humanos frente a los organismos internacionales no han sido suficientes para dar la vuelta a la página.
El análisis sobre nuestra democracia sigue siendo una tarea insoslayable y un ideal a seguir. En la teoría moderna permanece el conflicto entre dos grandes concepciones de democracia: la procedimental y la sustantiva. En lo que concierne a la democracia procedimental se han hecho aportes importantes. Robert Dahl (2008:87) ha definido cuatro criterios para evaluarla: "elecciones libres, justas y frecuentes, libertad de expresión, fuentes de información alternativas y autonomía de asociación". Difícilmente nuestro país cumple a cabalidad tales parámetros, por más esfuerzos mediáticos de la clase política y sus aliados televisivos por convencer a la ciudadanía de lo contrario. Aun con la conversión del Instituto Federal Electoral (IFE) en Instituto Nacional Electoral (INE), a principios del 2014, junto con la serie de reformas en esa materia, incluida la aprobación de candidaturas independientes, no han llegado a garantizar procesos electorales limpios, competitivos y en igualdad de condiciones, libres de coacción del voto y sin injerencia del crimen organizado. Sobre la libertad de expresión y las fuentes de información alternativas, baste con mencionar lo sucedido con el noticiario de Carmen Aristegui, cuando la empresa radiofónica decide dar por terminada la relación laboral con ella en medio de un escándalo originado por la investigación periodística sobre la llamada "Casa Blanca", propiedad de la esposa del presidente, vendida por una constructora que ha sido beneficiada con contratos públicos jugosos. Asimismo, hay noticias de 8o periodistas asesinados y 17 desaparecidos, según el periódico digital Activista. MX, que ubica a México como el cuarto país más peligroso del mundo en el desempeño de esta profesión?
Coincidimos en que el terreno del debate comprende más allá de las elecciones. El mismo Dahl sugiere que la democracia ideal requiere como características mínimas: 1) Participación efectiva, que consiste en que todos los miembros del demos tengan iguales y efectivas oportunidades para expresar sus opiniones sobre lo que debe ser la política. 2) Acceso semejante y efectivo al voto y que el conteo del sufragio sea equitativo. 3) Adquisición de conocimientos ilustrativos, y las mismas opciones de aprender sobre políticas alternativas y sus implicaciones. 4) Control final de la agenda: la oportunidad de decidir sobre su forma y contenido. 5) Inclusión, que se refiere al ejercicio del derecho a participar en las formas anteriormente descritas. 6) Un sistema de derechos fundamentales (Dahl 2008:23-24). Lo anterior presupone una igualdad política como objetivo o ideal.
Por su parte, Isunza y Gurza (2015) afirman que en la actualidad existe una nueva trama conceptual. Los términos de representación y participación, que habían sido tradicionalmente opuestos, se resignificaron y asumieron funciones analíticas que antes les eran extrañas. Desde esta visión, la participación, afirman los autores, es inherente a la democracia. Esta debe sostenerse bajo dos principios fundamentales: autodeterminación e igualdad política. De este modo, hay acuerdo con el planteamiento de Dahl al considerar que el ideal de la democracia presupone la igualdad política.
El debate sobre el tema ha ampliado su horizonte crítico al incluir las experiencias de innovación democrática participativa en varios países de América Latina. Ejemplo de ello es Brasil con los presupuestos participativos y la serie de reformas legislativas tendientes a la rendición de cuentas (Arantes 2015), y Colombia, con el proceso de modificaciones a la llamada Ley de Participación (Velázquez y González 2015). Sin embargo, para Isunza y Gurza estas modificaciones entrañan sus propios desafíos: "suelen describirse con el lenguaje de la participación aunque en ellas se reconozca de manera formal la vocalización de intereses en nombre de ciertos grupos de población. A menudo, los actores de las nuevas modalidades de representación extraparlamentaria carecen de autorización" (Isunza y Gurza 2015:23). Estas experiencias latinoamericanas han permeado reivindicaciones, políticas públicas y adecuaciones a nuestra legislación nacional, pero sin el alcance esperado. Nos parece que estas iniciativas son apropiadas en su potencial participativo, de inclusión en la toma de decisiones y en el ejercicio de gobierno, para devolverlas en clave institucional.
Algunos estudiosos, al definir la democracia, ponen énfasis en el carácter polisémico del término (Alonso y Alonso 2015) y otros la significan como un concepto "esencialmente disputado" (Collier, Hidalgo y Maciu-ceanu 2006, citado en Monsiváis 2015:82). De ese modo, ofrece un campo de disputa por definir sus contenidos, que no necesariamente se constriñen a lo electoral. Para los teóricos liberales como Norberto Bobbio, habría que entenderla como "un conjunto de reglas que facilitan y garantizan la más extensa participación de la mayoría de los ciudadanos, directa o indirectamente, en las decisiones que afectan a la sociedad" (Bobbio 1987:66). Pero otros, cuyo horizonte democrático es más amplio, consideran que "no es un procedimiento para poner a todo mundo de acuerdo porque no es posible, sino la manera de encontrar formas de manejar los conflictos entre adversarios que han aceptado cierta normativa común" (Lorca 2012, citado en Alonso 2015:24). Para íñigo Errejón "la democracia no es estar todos de acuerdo sino construir los procedimientos y los mecanismos a partir de los cuales se puede dar una disputa infinita sobre temas de lo más diversos. Una disputa infinita por determinar el reparto de bienes colectivos y de posiciones" (Errejón 2015:30). Coincidimos con estas dos últimas definiciones que contemplan el conflicto. Pensamos que es inherente a los procesos históricos de construcción de la democracia. No se trata de aniquilar los movimientos sociales ni de quitarles su filo transformador. El desafío consiste en construir esos mecanismos que permitan el debate y la resolución de los conflictos en condiciones de igualdad política.
Por lo demás, la igualdad política supone el necesario debate sobre la redistribución. Desde nuestro parecer, no puede haber igualdad política sin resolver la profunda desigualdad económica. El reconocimiento de una ciudadanía no es suficiente por sí solo. Para que el ciudadano ejerza su derecho a votar y ser votado y a participar plenamente en la vida política de su comunidad o nación deben estar garantizados sus derechos sociales básicos, que le permitan decidir y actuar de manera libre e informada. En ese sentido, pensamos que las premisas liberales planteadas por Rawls (1979) deben invertirse:
Primer principio: cada persona ha de tener un derecho igual al más extenso sistema total de libertades básicas compatible con un sistema similar de libertades para todos. Segundo principio: las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que sean para: a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio de ahorro justo, y b) unido a los cargos y las funciones asequibles a todos, en condiciones de justa igualdad de oportunidades (Rawls 1979:280).
No podemos soslayar los esfuerzos por perfeccionar la democracia procedimental. Estos han contribuido a dar pasos firmes en la construcción de la democracia. No obstante, esta no podrá consolidarse si deja de atender los reclamos de un creciente sector de la población excluido de la redistribución. Sostenemos en forma fehaciente: sin redistribución no puede haber democracia. La igualdad política cimentada en igualdad de derechos se queda en la dimensión declarativa, niega y oculta la desigualdad económica que hace materialmente imposible la anhelada igualdad política. El mismo Dahl considera inevitable y frecuente que una economía de mercado ocasione serios daños a algunos ciudadanos. Al producir grandes desigualdades de recursos entre los ciudadanos, el capitalismo de mercado inevitablemente también promueve la desigualdad política entre los ciudadanos de un país democrático. Sin embargo, un país democrático moderno no tiene una alternativa viable a la economía de mercado capitalista (Dahl 2008:77).
Al respecto, coincidimos con Slavoj Zizek cuando apunta que "Al parecer el horizonte de la imaginación social ya no nos permite considerar la eventual caída del capitalismo, es como si todos aceptaran de manera implícita que 'el capitalismo está aquí para quedarse' [...] mientras el capitalismo continúa su marcha triunfal" (2iiek 1998:176). En efecto, necesitamos una teoría que se atreva a imaginar otras formas sociales, cuyos cimientos no sean la explotación y la exclusión, donde la naturaleza también tenga derechos, como propone Boaventura de Sousa Santos (Santos 2004). Existe una diversidad de procesos sociales y políticos que buscan por distintos medios construir alternativas, que intentan agrietar al capitalismo, que apuestan a otras formas de convivencia sobre relaciones más horizontales, que tratan de no reproducir la primacía del hombre sobre la naturaleza. Son experiencias de "continuo trabajo colectivo de ensayo y error", como dicen Alonso y Alonso (2015:76).
Veamos los datos sobre la pobreza en nuestro país, que son por demás reveladores. Según las mismas fuentes oficiales, en 2008 había 49 458 millones de personas que vivían en situación de pobreza; para 2014 aumentó a 55 342 millones; la pobreza moderada creció en ese mismo lapso de 37 599 millones a 43 899 millones; con respecto a la pobreza extrema, se presume que disminuyó de u. 859 millones a 11442 millones en ese periodo. Lo cual significa que en seis arios se incorporaron cerca de seis millones de mexicanos al sector de pobres, que probablemente provienen de esa cada vez más delgada clase media. Conforme a estimaciones del Conapo, nuestro país contaba en 2015 con 121 005 815 habitantes, 1° lo que significa que 45 % de la población carecía de lo necesario para vivir y desarrollarse. Las cifras correspondientes a medición de la pobreza en 2015 no fueron dadas a conocer por el Coneval, debido a que el INEGI modificó unilateralmente la metodología utilizada en campo para medir los ingresos de las familias más pobres, lo cual supone que los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (Mcs) 2015 no sean comparables con ejercicios anteriores." Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENoE) estima que en el segundo semestre de 2016 había en el país una población total de 122 117 027 habitantes, con una ubicación por estrato socioeconómico como la siguiente: 24 206 518 en el bajo, 62 182 577 en el medio bajo, 25 213 822 en el medio alto y 10 514110 en el alto;" es decir, 8o % de la población se ubica en los dos estratos más bajos, y solo 8 % en el más alto. Frente a este panorama, no es ociosa la pregunta concerniente a ¿cuáles son las condiciones que permiten el ejercicio de los derechos políticos?
Estos datos explican en parte el creciente desencanto de la democracia electoral. El abstencionismo en los procesos va en aumento, y aunque no podemos afirmar que la negativa a ejercer el derecho al voto represente necesariamente el rechazo absoluto a los partidos, es sin duda un indicador. Por ejemplo, en los comicios presidenciales de 1994, 2000 y 2006 los porcentajes de electores que no acudieron a las urnas fueron de 21.84 %, 36.03 % y 41.78 %, respectivamente.', Aunque para las elecciones de 2012 se mostró un abstencionismo de 36.92 %, esto no significa que los partidos hayan ganado la confianza de los votantes. Algunos estudiosos señalan como una posible explicación la llamada movilización virtual, esto es, la creciente actividad a través de las redes sociales.com Si los partidos hubieran recuperado credibilidad, los datos de las elecciones intermedias de 2015 habrían sostenido esta tendencia de mayor participación; sin embargo, el porcentaje registrado muestra lo contrario: un abstencionismo de 53 %." Esta crisis de legitimidad "tiene que ver con el hecho de que temas fundamentales de la agenda democrática han sido sustraídos, la falta de transparencia y real rendición de cuentas, que el poder real es ejercido no por quienes ganan elecciones sino por los poderes fácticos" (Alonso y Alonso 2015: 22). Pero también pensamos que se debe a la extendida inseguridad y el clima de violencia cotidiana que se vive en cualquier rincón de nuestro país, a partir principalmente de la política contra el narcotráfico desde los primeros días de la administración de Felipe Calderón. En este sentido, el Informe Mundial Human Rights Watch 2016 señala en su capítulo correspondiente a México que durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicadas en repetidas violaciones graves a derechos humanos - que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura- durante la lucha contra el crimen organizado. El gobierno ha avanzado muy poco en el enjuiciamiento de los responsables de los abusos recientes, sin hablar de la gran cantidad de excesos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la "guerra contra las drogas" en México."
En materia de violencia, las cifras son igual de alarmantes. Un comunicado dirigido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte de una serie de organizaciones asegura que desde que se puso en operación la estrategia de seguridad en 2006 a octubre de 2015, se han cometido:
102 696 homicidios intencionales reportados de acuerdo al Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, de las cuales al menos 70 000 son ejecuciones extrajudiciales cometidas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico; 4 055 denuncias directas por tortura ante la Procuraduría General de República (PGR) de las cuales 1207 son cometidas por militares; 25 821 personas desaparecidas de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas; 281418 desplazadas internamente a causa de la violencia; 8 595 personas detenidas arbitrariamente bajo la figura del arraigo tan solo a nivel federal; 27 asesinatos y 8 casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras de derechos humanos de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
los datos aportados por el Indice Global de Impunidad México (iGi-mEx) 2016 son reveladores: en el país se denuncian siete de cada los delitos, debido principalmente a que la población identifica la denuncia como una pérdida de tiempo, y desconfía de una autoridad que ha emitido sentencias condenatorias solamente en 4.46 % de los delitos consumados, y eso genera, obviamente, desconfianza. El mismo documento señala que la "razón de fondo que desincentiva a los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos" (Le Clercq y Rodríguez 2016:13).
Un comparativo de los presupuestos asignados a las fuerzas militares da idea de las prioridades gubernamentales. En el sexenio de Fox, el gasto en ese renglón ascendió a 308 000 millones de pesos; en el de Felipe Calderón se destinaron 668 000 millones de pesos, esto es, un aumento de más de 163 %, mientras que en los tres primeros años de Peña Nieto (2012-2015) el gasto asciende ya a 429 825 millones de pesos; es decir, a mitad de su gestión ha ejercido ya 64% de lo erogado en el sexenio anterior. Cifras que contrastan, por ejemplo, con la inversión para educación, que pasó de 163 449 000 millones de pesos en 2000 a 251 764 000 millones en 2012, lo cual ha significado un incremento de 54 %, aunque se anunciaba un recorte de 10.62% a ese mismo presupuesto para 2017. Lo anterior ilustra el gran déficit en gasto social, para atender necesidades básicas y dar cumplimiento a los derechos sociales. Austeridad que no es aplicada para los partidos políticos, los cuales contaron únicamente para los procesos electorales de 2015 con 5 356 millones de pesos.
La participación política tampoco se reduce al sistema partidario. Han surgido una diversidad de organizaciones que reivindican otras formas de intervenir en la vida política. Algunas de ellas lo hacen desde el Estado y otras al margen del Estado y del capitalismo, que se vienen construyendo, en palabras de Alonso y Alonso, en "experiencias desde abajo del demos en sentido libertario" (Alonso y Alonso 2015:19). Algunas buscan constituirse corno alternativas al capitalismo, como las de economía solidaria, paralela, plural y social; pero otras se conciben como anticapitalistas, y otras más apuestan a que otro mundo es posible.
También la vía guerrillera sigue vigente. Organizaciones como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que surge en 1988 a partir de la escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR), y que con motivo de la desaparición de los 43 normalistas creó la denominada "brigada de ajusticiamiento 26 de septiembre" para realizar acciones en contra del grupo criminal "Guerreros Unidos". Y existen otras organizaciones, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR-LP) y las Milicias Populares, grupos que reivindican la vía armada para la toma del poder y para terminar con el sistema capitalista.
Quizá sea hora de que los esfuerzos analíticos no solo se concentren en perfeccionar los mecanismos de la democracia procedimental, sino en ampliar los canales de la democracia participativa. Que las iniciativas populares no sean reducidas en su potencial de intervención, en su exigencia de inclusión en la toma de decisiones y en el ejercicio de gobierno, para devolverlas en clave institucional, tratando de limar su filo transformador.
Pero además, habría que destacar que las promesas de la democracia en América Latina se fincan en supuestos que parten de realidades no latinoamericanas, dejando de lado, la mayor parte de las veces, el análisis de la estructura global de dominación capitalista, y el papel que nuestra región tiene dentro de ella. En este sentido, resulta vigente la elaboración teórica de Agustín Cueva, en la década de 1980, acerca de la existencia de "democracias restringidas" en América Latina, ya que "Dios no reparte el maná de la democracia por igual entre sus hijos" (Cueva 1988:62). En ese contexto, el autor señalaba que las llamadas "transiciones a la democracia" que se estaban produciendo en el subcontinente tuvieron que ser necesariamente pactadas con el poder:
[...] no se le puede pedir al poder que se autodesmantele con el fin de permitir la formación real de un nuevo poder, consensual. Por esto, las mencionadas transiciones se dan dentro de lineamientos que son de todos conocidos: (a) respeto al sistema económico vigente, sin prejuicio de que puedan hacerse modificaciones en sus formas concretas de funcionamiento; (b) legitimación del monopolio de la violencia a favor del aparato represivo ya instituido; (c) adscripción permanente al mundo occidental, con todo lo que ello implica (Cueva 1988:74).
Pablo Dávalos (2011) actualiza esta línea argumentativa, abrevando de los planteamientos teóricos de Michel Foucault y la teoría del sistema mundo, para plantear que la geopolítica y la biopolítica son dos coordenadas indispensables para comprender la democracia en la actualidad. Dávalos observa que el neoliberalismo construye "democracias disciplinarias" impuestas por el "poder financiero mundial" a través de dispositivos de control que utilizan la violencia directa y la elaboración de discursos aparentemente inocuos como el "calentamiento global", la "descentralización" y la "participación". Estos dispositivos son empleados no solo por los gobiernos de derecha, sino también por los llamados "progresistas", pues se ven envueltos en la política del reality show en donde importa la imposición de una ilusión de libertad, inclusión y seguridad, pero que esconde la imposición de los principios del neoliberalismo, fragmentando solidaridades sociales y absorbiendo el potencial emancipador de los espacios deliberativos. Tenemos entonces que "la democracia disciplinaria es una democracia panóptica en el sentido de que necesita vigilar, ordenar, sujetar y controlar" (Dávalos 2011:323).
Se vuelve necesario pensar desde nuestras propias realidades el tipo de democracia que queremos, que se adecue a las condiciones socioculturales e históricas de nuestro país. Luis Villoro (2007), por ejemplo, urgía a la generación de un nuevo republicanismo que recupere elementos de la "democracia comunitaria", pues de ese modo se piensa el bien común ligado a los intereses del Estado-nación, por lo que deja fuera los intereses de las comunidades locales y busca la homogeneidad. Su propuesta radica en el surgimiento de un Estado republicano que fuera también comunitario, cuya función primordial sería "promover el bien común que puede unir a todas las diferencias" (Villoro 2007:128). Un proyecto de esta envergadura no es posible desde la toma directa del poder estatal en el marco de regímenes caracterizados por la existencia de "democracias disciplinarias", sino que requiere la construcción paulatina y desde abajo de otras formas de relaciones políticas, que partan del fortalecimiento de lo que Gerardo Otero ha llamado "Vinculaciones desde Abajo (VIDA)" y ejemplifica con la estrategia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de fortalecerse primero internamente: "Acaso esta lucha paciente y a cuenta gotas es la que se requiere para debilitar al Leviatán mexicano" (Otero 2006:305). Esta aseveración se vuelve más sugerente cuando la declaración final del Quinto Congreso Nacional Indígena (cm), firmada de manera conjunta por el CNI y el EZLN, señala en uno de sus últimos párrafos:
Nos declaramos en asamblea permanente y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo de este Quinto CNI para nombrar un concejo indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del CNI como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la Presidencia de este país.
Requerimos entonces pensar en otras bases de convivencia política, como proponen Alonso y Alonso (2015), quienes nos invitan a atrevemos a cuestionar "el término de democracia porque al tener el elemento kratos (poder) ese poder logra de alguna manera que sean algunos los que los ejerzan y la mayoría obedezca" (Alonso y Alonso 2015:60). En lugar de democracia hay que construir la demoeleuthería, sostienen los autores, que significa "la libertad popular o de los de abajo". La demoeleuthería "no es algo exclusivo ni rígido, sino procesual y que combina otras dinámicas como es democracia de los de abajo, esa búsqueda de la justicia, esa solidaridad con los que luchan por su liberación y por el respeto a la naturaleza" (Alonso y Alonso 2015:60), sobre bases distintas de un nuevo contrato social, que no reproduzca relaciones de explotación y exclusión. A partir de estas premisas imaginamos otro orden social como ideal.
El presente volumen tiene como propósito presentar una serie de procesos locales y regionales que contribuyen, desde experiencias empíricas, a problematizar la democracia, sus contradicciones y desafíos. Podemos decir que la mayoría de los trabajos tienen que ver más con lo que Chan-tal Mouffe señala como visión disociativa de lo político, esto es, lo político entendido como un espacio de poder, conflicto y antagonismo, de esa democracia que la autora denomina "agonista", pues parte del reconocimiento de que el antagonismo es inherente a las sociedades humanas y su inerradicabilidad (Mouffe 2014).
En grandes rasgos, el libro está organizado en cuatro apartados.24 En el primero titulado Democracia y ciudadanía en el contexto neoliberal, abrimos con una interesante discusión sobre experiencias que desafiaron el orden político autoritario encabezado por el PRI, como fue el caso de la APPO en el estado de Oaxaca, entidad en la que el priismo se pudo mantener como fuerza hegemónica por ocho décadas. El texto devela, dentro de los aspectos relevantes abordados en este nuevo prefacio, que los programas biopolíticos y las prácticas disciplinarias tendientes a neutralizar los movimientos contestatarios a las cuales también contribuyen otras fuerzas políticas, medios de comunicación y otros sectores incluido el académico, descalifican estos procesos y con ello justifican la criminalización de la protesta en el México de hoy. En la segunda sección, llamada Cultura política y políticas públicas, se presentan trabajos que muestran las contradicciones entre políticas públicas e iniciativas de participación diseñadas e implantadas desde los gobiernos y las maneras en que los actores las negocian y las reinterpretan. De igual modo, cómo las culturas políticas locales pueden influir en el desempeño de tales políticas. Interesa exponer la relevancia de los elementos culturales en la generación de una "acción pública intensa". Es decir, esta sección aporta elementos a la discusión contemporánea en torno a que frente a los diseños de democracias disciplinarias implícitos en las políticas públicas, las formas locales de participación evidencian el carácter disociativo de lo político. En el tercer apartado, denominado Estado y pueblos indígenas, se muestra la heterogeneidad de los movimientos indígenas. Está integrado por trabajos que problematizan la tensión entre ciudadanía individual y ciudadanías colectivas; cómo el ejercicio de derechos de facto también contribuye a redefinir la relación del Estado y los pueblos indígenas. Además, se analizan las múltiples estrategias organizativas por parte de autodenominados indígenas que logran insertarse en el gobierno municipal, pero en el marco de la reproducción de prácticas políticas inspiradas en la cooptación, el clientelismo y el corporativismo. También, cómo durante la formación del Estado-nación, las comunidades construyeron su propia noción de ciudadanía a partir de sus propias prácticas y organización social, manteniendo una relativa autonomía comunal. En el cuarto y último apartado, Mujeres, migración y política, presentamos un trabajo que desde un enfoque descolonizador empieza por problematizar sus propias construcciones sobre género, feminismo, patriarcado y sistema capitalista, para tratar de entender dos experiencias colectivas de mujeres indígenas rurales que contribuyen, a partir de sus particulares prácticas, a definir con sus contenidos. Tales conceptos muestran que el hecho de compartir un mismo origen e identidad étnica están lejos de ser homogéneos. En el trabajo de cierre se hace un análisis crítico sobre la ciudadanía de los migrantes en el extranjero. Se busca reflexionar sobre la concepción moderna de ciudadanía que no contempla la pertenencia orgánica. En su lugar se propone "la ciudadanía preciada" a la que aspiran los migrantes, que reconozca un conjunto de derechos de los cuales no gozan en sus países de origen. Consideramos que la vigencia de lo que contienen estas dos secciones se ubica en aportar elementos sobre la búsqueda de la demoeleuthería.
Si bien los capítulos de este libro muestran, en su conjunto, diversas aristas sobre cómo se comprenden, interpretan y ejercen algunas de las características mínimas de la democracia enumeradas por Dahl, que conducen a prácticas político-culturales que en algunos casos llevan a la construcción de la democracia desde abajo, en otros a la negociación, el acomodo o la reproducción de prácticas no democráticas o, en otros estudios de caso, a la confrontación y subversión de las reglas del Estado, debemos admitir que existe una variable de investigación que ahora reconocemos en este prefacio y que fue tangencialmente abordada en el libro como un todo: la violencia.
Consideramos que así como en los setenta el giro interpretativo y, posteriormente, la agency llegaron a convertirse en los paradigmas hegemónicos, en la actualidad es la violencia ese signo particular que ordena y alinea las relaciones sociales y -parafraseando a Néstor García Canclini (2001) sobre la hibridación- es uno los conceptos claves y detonantes del cambio en la investigación en ciencias sociales.25 Entonces, una agenda de investigación que asentamos aquí se apuntala por las preguntas sobre qué características son las que adopta la violencia en la contemporaneidad y qué tanto dicha noción nos ayudará a dar cuenta de formas particulares de conflicto generado en torno a la democracia, la cultura política y la ciudadanía en medio de la decadencia de proyectos nacionales de modernización y de estados de excepción en América Latina. Es decir, que ninguno de los ejes que dan nombre a este libro escapa a una reflexión desde y sobre un contexto de violencia generalizada.
Para terminar, mencionaremos que este conjunto de trabajos son una invitación a continuar con el necesario debate sobre la democracia, la ciudadanía y la imprescindible tarea de construir una sociedad justa; los cuales, por supuesto, sometemos al análisis crítico del lector.
Octubre 2010
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